CoCoMZA

BAJAS CALIFICACIONES
Los mercados comenzaron a advertir que la Argentina no tiene la capacidad para controlar variables claves de su economía interna, como el pago de deuda y la inflación. Este escenario es nocivo para un país que necesita con urgencia captar inversiones precisamente para hacer frente a las
asignaturas pendientes.


En la última semana, el mundo comenzó a preguntarse si la Argentina podría estar al borde de otro default, lo que confirmó las sospechas de los mercados de que el país atraviesa una crisis. Esta es la peor noticia para un inversor, que ante el menor ruido o sospecha de problemas se retrae o directamente huye despavorido.

Varios factores se fueron sucediendo hasta llegar a la actual situación. En diciembre, la presidenta, Cristina Fernández, sucedió en el poder a su esposo, Néstor Kirchner. Pocos meses después, la mandataria se enfrentó con el sector agropecuario por un aumento en los impuestos a las exportaciones de granos y finalmente fue forzada a dar marcha atrás con la medida luego de una disputa de cuatro meses que desplomó su popularidad. Como una forma de ir resolviendo este paso en falso, los inversores esperaban que la administración nacional recuperara la confianza en los datos de inflación, que según analistas es de 25% anual, mientras que para el Gobierno es del 9%, cosa que hasta ahora no sucedió.

En los últimos meses, el gasto público creció a un ritmo superior que los ingresos y se espera que el Gobierno siga gastando dinero para mejorar su popularidad y apoyar a sus aliados en las elecciones legislativas del año próximo. En ese marco, los subsidios oficiales aumentaron un 65% en la primera mitad del año, en relación con el mismo período de 2007 y alcanzaron los $ 20.340 millones de pesos (U$S 6.650 millones), igual al superávit primario del mismo período.

Tras fuertes pérdidas en las acciones y los bonos la semana pasada, el Ministerio de Economía trató de dar confianza a los inversores diciendo que las necesidades financieras de este año ya estaban cubiertas y que la carga de la deuda disminuye. Pero el Gobierno vendió bonos con vencimiento a siete años a Venezuela por segunda vez en el año, con una tasa de rendimiento del 15%, entre las más altas del mundo. Esta medida generó incertidumbre en los mercados y obligó a que el Gobierno despliegue una recompra de títulos para frenar la fuerte caída que registraron los papeles por la incierta situación de la economía.

Para rematar, la agencia Standard & Poor’s (S&P), bajó sus calificaciones soberanas de largo plazo en moneda local y extranjera en sus escalas global y nacional para el país. El estado de incertidumbre se incrementó con la difusión de cifras poco creíbles de inflación por parte del Indec. Horas después, la calificadora Moody’s dispuso una baja en calificación de deuda del país desde “positivo” a “estable”, lo que provocó un recorte en las ganancias de los títulos argentinos que habían arrancado la semana con viento en popa. Moody’s calificó a la deuda Argentina con B3 y su decisión actual de rebajar el panorama reduce las posibilidades de que la agencia suba la nota del país. El argumento fue contundente: “un menor ritmo económico y una alta tasa de inflación plantean severos desafíos fiscales y políticos”. Moody’s advirtió: “si los ingresos no se alinean con los gastos, el Gobierno tendrá poco margen político para sostener el superávit presupuestario mediante el recorte de gastos”.

Como era de esperarse, el Gobierno cuestionó la autoridad que tienen la calificadoras como Moody’s y Standard & Poor’s para evaluar la economía argentina.

Sin embargo, no sólo de estas calificadoras de riesgo surgieron advertencias sobre la crisis. Según el diario “La Nación”, el jefe de investigaciones de BCP Securities, Walter Molano, cree que, “dada la intransigencia de los Kirchner, sólo es una cuestión de tiempo para que sean echados”, lo que podría darse para fines de este año, según cómo evolucionen los factores externos que hoy benefician las cuentas fiscales y los equilibrios locales de poder. En abril de 1999, Molano había anticipado que un año después se desencadenaría una “crisis económica total” en el país. Luego, en 2001, repudió el megacanje de Domingo Cavallo como un Tratado de Versalles que dejó al país más cerca de la insolvencia y del desastre.

También el banco de inversión ING, en un reciente reporte de mercados emergentes, se refirió al caso argentino. “Los inversores temen que la luz que parecía verse al final del túnel cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió, podría ser un tren”, dijo.

Los analistas coinciden en la necesidad de que el Gobierno argentino instrumente medidas que reduzcan la inflación, que mejoren el desempeño fiscal y el ambiente de negocios , y que corrijan las relativas distorsiones de precios.

Datos para entender
El crecimiento de la economía supera el 8% anual y el Gobierno tiene superávit fiscal y comercial, pero los argentinos se imaginan la peor crisis.

Para neutralizar la tensión en los mercados, el Gobierno lanzó un plan de rescate de deuda para impedir que baje el valor de los títulos públicos.

En su intervención en los mercados, el Gobierno desembolsó unos U$S 700 millones, sobre un total de U$S 1.000 millones que le financió Venezuela.

Las calificadoras opinan que la inflación exacerba las tensiones políticas. Descreen que el país pueda resolver este problema y cubrir sus obligaciones.

La reacción del Gobierno ante las críticas externas fue destacar que las calificadoras no visualizaron la crisis de hipotecas en los EE.UU.

Según el Gobierno, el establishment financiero internacional podría no perdonar nunca al país la reestructuración de deuda que hizo en el 2005.

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El Gobierno insiste en tergiversar los datos sobre la evolución del costo de vida, hecho que fue cuestionado por las calificadoras.

Analistas del exterior opinan que es una cuestión de tiempo para que los Kirchner sean echados del Gobierno.



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