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Crean oficina de derechos humanos para los presos bonaerenses.

Lo dispuso la Suprema Corte de la provincia para controlar que se cumplan las condiciones de detención en comisarías y cárceles. El tribunal también le ordenó al Poder Ejecutivo que en 90 días presente un plan para mejorar el estado edificio de los lugares de detención y que adecue la legislación penal a parámetros constitucionales e internacionales.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires creó el Área de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad para controlar el cumplimiento de las condiciones de detención de los presos detenidos en comisarías y cárceles bonaerenses.

El tribunal también le ordenó al Poder Ejecutivo que en 90 días presente un plan para mejorar el estado edilicio de los lugares de detención y para que adecue las leyes de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales.

Las medidas fueron dictadas en el marco del fallo “Verbitsky” de la Corte Suprema de la Nación que en mayo de 2005 ordenó que no haya más detenidos menores de edad o con enfermedades en comisarías y que se suspenda el alojamiento de personas con esas características en lugares que no sean cárceles.

El área de derechos humanos funcionará con rango de subsecretaría y tendrá a su cargo “organizar un programa de actividades, un sistema de seguimiento y un modelo de organización que permita sistematizar y controlar el proceso de implementación y ejecución de las condiciones de detención de las personas alojadas en comisarías y establecimientos del sistema penitenciario”.

Por otra parte, la subsecretaría organizará visitas de jueces a cárceles, algo muy poco común entre los magistrados, en el marco de la creación de un grupo de trabajo a cargo de los titulares de las Secretarías Penal y de Asuntos Institucionales de la Suprema Corte que se encargará de “proponer los proyectos de actualización y normativas de desarrollo”.

“Asimismo, se elaborarán proyectos de normas prácticas en los términos del art. 5 del Código Procesal Penal que, sin alterar dicho cuerpo legal, coadyuven a una interpretación y aplicación del art. 168bis de dicho cuerpo legal que armonice con los estándares constitucionales e internacionales en la materia”, ordena el Máximo Tribunal bonaerense.

Entre sus medidas la Suprema Corte le ordenó al Poder Ejecutivo de la provincia que en 90 días presente un plan operativo integral para normalizar “de modo definitivo las disfuncionalidades edilicias de los lugares de detención y la provisión de servicios elementales”. Las denuncias sobre esas deficiencias surgieron en las audiencias públicas que el tribunal de la provincia realizó el 1 de noviembre sobre la situación carcelaria.

Por último, la Suprema Corte también le recordó al gobernador de la provincia, Daniel Scioli, y al vice en su calidad de presidente del Senado, Alberto Balestrini, que el fallo de la Corte nacional dispuso “que se adecue la legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales”.

La resolución de Suprema Corte, que dio por concluido el amparo en su jurisdicción, fue dictada por unanimidad por los jueces Daniel Soria, Juan Carlos Hitters, Héctor Negri, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Eduardo Lázzari.

Fuente: diariojudicial.com