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La Justicia se apresta a realizar un juicio por falsificación ideológica que tiene a una escribana como principal imputada. Sin embargo, previo a ello un Tribunal deberá resolver una oposición presentada por la defensa.

Por lo menos así lo entendió la fiscal Susana Muscianisi, en el expediente N° 76406/06, al confirmar el procesamiento de la notaria Ana María Benegas por falsedad ideológica. Otras tres personas (todos empleados) deberán responder como autores de participación primaria en el mismo delito. El hecho investigado ocurrió en abril de 2001.

Según se puede leer en la elevación a juicio, la causa tuvo su inicio después de un planteamiento realizado por María Cristina Quinteros, por una sucesión que dejaba fuera de un testamento a su hijo Raúl Alberto. Esta causa se encuentra en trámite en el Décimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, donde se reclama la nulidad del instrumento público.

Consideraciones

Entre las consideraciones se habla de una escritura que habría sido avalada por Antonio Castillo, quien "sufrió una enfermedad de la que nunca se recuperó" y por lo tanto se encontraba sin lucidez.

Es decir "sin condiciones de celebrar acto jurídico alguno", pero que terminó colocando su impresión dígito pulgar derecha en la escritura. "Así se habría perjudicado a uno de los herederos legítimos", se dice.

Entre las pruebas acumuladas se destaca una aportada por Graciela Villanueva (actualmente fuera de este proceso), quien aseguró en su momento "no haber concurrido al hospital donde el paciente estaba internado" y que si bien firmó un documento "ignoraba su contenido y finalidad".

También se hace referencia al lugar, una sala del hospital Italiano, y "a un par de visitas" realizadas por personas que nunca pudieron ser identificadas y que, pese a la negativa expresa de las autoridades del centro asistencial, "ingresaron sin autorización y rápidamente tomaron la impresión digital del enfermo".

Con relación al testamento cuestionado, se menciona que fue realizado el 23 de abril del año 2001, cuando el paciente Castillo presentaba "trastorno de lenguaje, dificultad para la comprensión y expresión, especialmente de nombres, objetos y personas".

Y más adelante se añade que el paciente ha mantenido "ausencia de conciencia plena", lo que contradice la afirmación de la escribana que, en su declaración, asegura haber concurrido sola y "dialogado" con el paciente, oportunidad en que le pidió celebrar un "testamento".

La fiscal en sus argumentos expresa que ha quedado acreditada "la responsabilidad de los encartados, esto es que el documento público cuestionado contiene una falsedad ya que los testigos que figuran en el mismo y que se expresa que concurrieron en el día y hora mencionado al hospital Italiano, declaran conocer, ver al testador y oír la lectura del testamento, en realidad no estuvieron".

Calificación legal

Finalmente considera que el "accionar delictivo" de la escribana se encuadra en el delito de falsificación ideológica, "por haber insertado en un instrumento público declaraciones falsas", mientras que a Rubén Hernán Manuchi del Pozzi, María de Lourdes Vargas y Jorgelina Alejandra D'Angelo, los responsabiliza de participación primaria del mismo delito, toda vez que "ellos prestaron a la autora de la falsificación una cooperación sin la cual el hecho no habría podido concretarse".

Fuente: Los Andes

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